El rastro de escombros e ilegalidad después del S19

Eduardo Farah

Inmediatamente después del temblor se movilizó gente para escarbar, juntar provisiones y apoyar a los afectados, mucho más rápido que la respuesta tardía y limitada del Gobierno Federal y los locales de D.F., Edo. de México, Morelos, Puebla y Oaxaca, reflejando la ineptitud y mediocridad existente entre los funcionarios cuates y no expertos en las áreas de obras, protección civil, etc. Mientras una parte de la sociedad respondió con iniciativa los diferentes niveles de gobierno mostraron su incapacidad de gobernar.

Entre los edificios que se derrumbaron el 19S en la delegación Benito Juárez había cuatro recientes, dos de ellos no tenían más de un año desde su construcción, esta delegación sufrió los mayores estragos de la CDMX, por lo que vecinos (damnificados y no damnificados) denunciaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) por otorgar permisos y dictámenes positivos de impacto urbano a mega torres, también contra el jefe delegacional Christian Von Roehrich, por ignorar las denuncias vecinales, existentes antes del temblor, en contra de las mega construcciones.

Este tipo de mega construcciones que exceden el número de pisos permitidos o que se sabe tendrán un gran impacto urbano siguen obteniendo permisos en todas las delegaciones, por ejemplo, en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, donde los habitantes demandan que dejen de construir debido a que se están quedando sin agua y no pueden acceder a servicios básicos, o en Cuajimalpa, en donde debido a los desarrollos de Santa Fe y nuevos edificios en zonas habitacionales o donde no se permitían más de 4 pisos como en “El Yaqui”, el tráfico es inaguantable, tramos de 5 o 10 minutos ahora les toman 40, y también están sufriendo desabasto de agua. Casos similares ocurren en todas las delegaciones.

Lo peor es que quedó en evidencia que muchos de los edificios que cayeron o quedaron desahuciados fue debido a los errores de los constructores que no cumplieron, en especial, con las modificaciones al reglamento de construcción después de 1985, por la inmensa corrupción y tráfico de influencias existente en el medio inmobiliario que empieza en la SEDUVI con su secretario Félipe Gutiérrez, señalado de encubrir al cartel inmobiliario y de promover protección a lo ilegal. Inclusive, se señala al arquitecto Félix Villaseñor que preside el colegio de arquitectos de la ciudad, que es Director General de administración Urbana en SEDUVI y a la vez es DRO y controla a estos vía permisos en su oficina de SEDUVI.

Se sabe que hay un grave conflicto de intereses del susodicho Villaseñor, además, después del sismo se presume que mandó a quitar su nombre de obras que maneja y puso a un empleado para que no lo puedan demandar. El secretario de SEDUVI está señalado, igual que Simón Newman, Felipe Leal y Aispuru de relaciones con el Cartel Inmobiliario.

Queda claro que también participan delegados y funcionarios en el área de obras, jurídico y protección civil que probablemente cobran por todo lo ilegal. Y esta red sigue operando, pese a la tragedia.